Desde ayer, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos se encuentra en medio de una histórica vista de tres días sobre la legalidad y el futuro rumbo de la reforma sanitaria de 2010, hecho considerado como uno de los triunfos políticos del presidente Barack Obama, pero que los los republicanos prometen anular si ganan la Presidencia en las elecciones del próximo mes de noviembre.
Esta serie de debates, contendientes especialmente a través de argumentos orales, que estarán repartidos desde el lunes hasta esta tarde, permitirán presentaciones de los nueve magistrados, quienes examinarán cuatro asuntos fundamentales sobre la constitucionalidad de la reforma sanitaria, que en su momento intentó garantizar la cobertura médica universal para 50 millones de personas sin seguro de salud.
De hecho, ya desde el día lunes, el forum estuvo marcado por un denso debate legal sobre la multa que tendrían que pagar quienes no cumplan la obligación de estar cubiertos por un seguro médico para 2014. Al respecto, aunque los jueces han mostrado opiniones divididas sobre el asunto, podrían determinar que, en facto, esa multa es un impuesto, por lo que no podrían avanzar en su revisión constitucional de la reforma sanitaria hasta en 2015, cuando se tendrían que pagar las primeras penalizaciones.
Esto último, debido a que existe una ley federal que data de 1867, conocida como “Tax Anti-Injunction Act”, la que prohíbe procesos legales sobre la justificación de un impuesto hasta que éste haya sido pagado. Sobre el tema, la juez Ruth Bader Ginsburg consideró que el caso de hoy ante el Supremo tiene que ver con la obligatoriedad del seguro médico, por lo que si puede ser abordado, más allá de la multa establecida.
No obstante, el mismo presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, opinó que la multa es en efecto un impuesto porque, a su juicio, es lo que sustancia esa cláusula de la reforma. Todo esto se resolverá, igualmente, cuando en estas horas la corte se centre en la constitucionalidad del seguro médico obligatorio y si el Gobierno tiene potestad para exigir la compra de determinados servicios, aunque estos tengan que ver con el acceso a la sanidad.
