Al igual que en la conocida serie de los 80 protagonizada por Patrick Swayze, en la preferencia por el dinero en metálico o ‘de plástico’ existen importantísimas diferencias entre el norte y el sur, al menos en Europa.
La firma de desarrollo de tarjetas y productos financieros Mastercard apunta que 8 de cada 10 operaciones de pago en comercios y establecimientos españoles se abonan aún en efectivo. Tanto para las compras de alimentación, como para pagos en establecimientos de restauración y bares, el dinero en efectivo sigue siendo la opción preponderante en España. De hecho, esta es una tendencia habitual en los países del sur de Europa, al contrario de lo que sucede en otros como Dinamarca y Suecia, en los que el ‘pago en plástico’ es mucho más habitual.
Sociedades sin billetes ni monedas
No en vano, los estudios llevados a cabo por el Instituto Real de Tecnología del último de esos dos países avanzan que Suecia puede llegar a convertirse en el primer país sin efectivo. Aproximadamente el 80% de los pagos que se llevan a cabo en el país nórdico se realizan mediante tarjeta o medios de pago digitales. Por el contrario, en los países mediterráneos se invierte ese porcentaje, a favor del efectivo, con una tendencia a pagar el 75% de las operaciones de compraventa empleando el dinero en efectivo.
Ciertos estudios calculan que la opción del pago con tarjeta no sólo mejora la relación del cliente con el negocio, sino también la propia operatividad de éste. Firmas de desarrollo de maquinaria y productos financieros para el comercio o la banca como Hartmonetic estiman que la utilización de contadores de billetes y sistemas de gestión de monedas puede reducir hasta en 10 segundos el tiempo que se emplea a la hora de llevar a cabo pagos en negocios.
Tanto las autoridades europeas como el Gobierno de España han promovido en los últimos meses un buen número de acciones y medidas orientadas a fomentar el pago electrónico frente al efectivo, en gran parte para proceder al afloramiento de la economía sumergida y evitar casos de fraude económico. En este sentido, el ejecutivo español ha limitado los pagos en efectivo a 2.500 euros. Tanto el ciudadano de a pie como las grandes empresas no pueden superar esta barrera a la hora de llevar a cabo sus pagos, una vía para evitar malas prácticas en la contratación de servicios.
