Un estudio reciente de EQS Group, líder del mercado europeo en herramientas de cumplimiento, revela que el 62% de las empresas españolas han recibido al menos una denuncia interna en los últimos doce meses. El informe llega tras la aprobación de la Ley de Protección al Informante en febrero, que obliga a las empresas de 50 o más empleados a contar con un canal de denuncias para comunicar infracciones de manera anónima.
Las denuncias se refieren a diversos aspectos, incluyendo conflictos personales (50%), violaciones de normas sociales y derechos humanos (15%), y corrupción (13%). A pesar de las denuncias, el 41% de las empresas registró menos de 10 denuncias en los últimos doce meses. No obstante, sorprendentemente, el 21% de las empresas españolas todavía no cuentan con un canal de denuncias, un peor registro que la media europea donde ‘solo’ el 15% no lo tiene todavía.
Según el estudio, el 79% de las empresas en España ya cuentan con un canal de denuncias, aunque esta cifra es inferior a la media europea del 85% y a países como Francia (95%) y Alemania (82%). La principal motivación para implementar estos canales ha sido el cumplimiento de la ley (78%), seguido de un interés por desarrollar una cultura corporativa más transparente (66%).
Además, el 84% de estas empresas proporcionan canales anónimos para denunciar infracciones, lo que respalda la intención de la ley y las políticas adoptadas por las empresas: los trabajadores necesitan medios seguros para señalar infracciones normativas sin poner en riesgo su puesto de trabajo o sufrir represalias.
Asimismo, la mayoría de las empresas (79%) también ofrecen estas plataformas de denuncia a proveedores, clientes, socios y accionistas, promoviendo así una mayor transparencia en las relaciones con sus stakeholders.
Aunque la implementación de canales de denuncias ha sido ampliamente adoptada por las empresas españolas (75% lo han establecido desde hace más de un año, y el 50% desde hace más de tres años), el 58% de las empresas encuestadas han tenido que realizar cambios en su estructura y políticas internas para adaptarse a la Ley de Protección al Informante.
«A pesar de que las empresas aún tienen trabajo por hacer para cumplir con los requisitos de la Ley de Protección al Informante, los datos sobre la adopción de un canal de denuncias son positivos», afirma Murray Grainger, Country Manager de EQS Group en España. Añade que el próximo desafío para las empresas será reducir el número de denuncias, creando un entorno que garantice la convivencia interna y mejore su relación con la sociedad a través de políticas honestas y la promoción de buenas prácticas.
La encuesta de EQS Group se realizó a profesionales de compliance europeos entre marzo y abril de 2023, con el objetivo de comprender cómo las empresas están manejando los requisitos de las nuevas leyes de protección a los informantes que entrarán en vigor en toda Europa y qué tan preparadas están para afrontar los futuros desafíos de cumplimiento.
