aeat.jpegAhora que comienza la campaña de la Declaración de la Renta en España, vamos a poner una visión diferente de cómo es la fiscalidad en algún país europeo para comparar situaciones diferentes. Mención aparte merecerá la huelga de funcionarios de la Hacienda pública con la que éstos han querido inaugurar este período declarativo, pero que sí trataremos en algún otro momento.

Volviendo al tema de portada, uno de los rasgos definitorios de la fiscalidad española es la presencia casi masiva de retenciones y pagos a cuenta sobre muchos conceptos económicos (nóminas, retribuciones de cuentas o productos financieros, por mencionar algunos) que no tienen reflejo en otros socios comunitarios. Tal es el caso de Francia donde no existen estas retenciones sino que se hacen cuentas con la hacienda francesa de golpe aunque pueden luego diferirse mensualmente los pagos correspondientes. En este sentido, el modelo español es un avance al eliminar el efecto ilusorio de disponer de fondos que posiblemente luego haya que depositar en las arcas públicas. Por contra, si al final la declaración sale a nuestro favor no percibimos el dinero con los intereses que les corresponderían y que serían aún mayores dado el retraso en las devoluciones.

Otro país de referencia en Europa es Alemania cuya caraterística principal recae en la variedad de administraciones tributarias, una federal y varias por cada territorio o Lander, que compiten fiscalmente en cierto modo tanto a nivel de ingresos como de intercambio de información. La consecuencia es la enorme complejidad del modelo que obliga a tener un asesor fiscal si no se quieren tener sustos. Y, por supuesto, un rasgo distintivo respecto a España viene dado por la mayor presión fiscal, es decir, que pagan bastantes más impuestos con la contrapartida de un verdadero Estado de bienestar.

En Francia tienen pensado copiar el modelo que “disfrutamos” en España basado en retenciones y que no tiene como objetivo facilitar el pago de impuestos, como alguno pudiera pensar, sino mantener un nivel suficiente de dinero en manos de las autoridades como para afrontar los pagos y gastos públicos. En definitiva, que “pagamos” las devoluciones con el dinero de nuestras propias retenciones.

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