La Dirección General de Tributos (DGT) ha emitido una respuesta a una consulta vinculante formulada por Ángel Luis Benavente Miranda, gerente de la Empresa Municipal de la Vivienda de Gijón (EMVISA), en relación con el artículo 23.2 de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), modificado recientemente por la Ley 12/2023, de 24 de mayo, en el contexto del derecho a la vivienda. Esta consulta aboga por una interpretación que permita a los arrendatarios beneficiarse de una reducción fiscal de hasta el 70% al inscribirse en un programa público de alquiler de vivienda.
De acuerdo con la normativa actual, la ley contempla diferentes reducciones sobre el rendimiento neto del alquiler de una vivienda habitual y permanente, variables según las condiciones específicas de cada caso. No obstante, Benavente Miranda sostiene que la redacción inicial de la normativa no ofrecía claridad suficiente y no se correspondía con la aplicación práctica en el IRPF en ciertas situaciones.
El gerente defendió que la finalidad del legislador es incentivar el alquiler a través de diversas formas de colaboración, sugiriendo que no resulta indispensable que la administración pública sea quien actúe como arrendataria para que los propietarios puedan acceder a la mencionada reducción fiscal. La DGT ha aclarado que dicha reducción del 70% es aplicable cuando la vivienda se integra en un programa público que conlleva una limitación en el precio del alquiler, estableciendo así dos escenarios clave.
Esta interpretación supone un impacto notable, especialmente para el programa «Gijón Confía Alquilando», promovido por el Ayuntamiento de Gijón. Dicho programa busca facilitar el acceso a viviendas en alquiler mediante incentivos fiscales para los propietarios, promoviendo una mayor disponibilidad de inmuebles de alquiler y beneficiando tanto a los arrendadores como a quienes necesitan encontrar viviendas asequibles en el mercado.
La decisión de la DGT podría tener repercusiones a nivel nacional, extendiéndose como precedente a otras iniciativas municipales que aspiren a mejorar la situación del alquiler en España, al tiempo que fomenta un entorno más favorable para los propietarios que opten por integrar sus propiedades en programas públicos de alquiler.
