El Tribunal Supremo ha dado un giro significativo en la interpretación de la Ley de la Segunda Oportunidad, lo cual permite a los deudores liberarse de sus compromisos financieros no solo con los bancos, sino también con las administraciones públicas, incluidas las municipales. Hasta hace poco, numerosos juzgados consideraban que las deudas con ayuntamientos y otras entidades locales no podían ser exoneradas, a pesar de que sí se aplicaba un perdón parcial a las deudas fiscales con Hacienda y la Seguridad Social.
La sentencia 264/2026 del Tribunal Supremo es categórica en este nuevo enfoque: la exoneración de deudas de Derecho público se aplica, sin distinción del organismo recaudador. Esta doctrina está comenzando a reflejarse en las decisiones judiciales actuales. Tal es el caso de un juzgado en Santa Cruz de Tenerife, que en 2025 perdonó más de 80.000 euros en deudas privadas a un deudor, manteniendo sin embargo una deuda de más de 7.000 euros con el ayuntamiento. En contraste, en 2026, un tribunal en Tarragona exoneró una deuda municipal conforme a esta nueva interpretación del Supremo.
La normativa revisada contempla que se pueden exonerar créditos públicos subordinados, incluyendo recargos e intereses, con algunas excepciones, como sanciones muy graves y multas de carácter penal. El mecanismo de perdón estipula la cancelación de hasta 5.000 euros de deuda y la mitad de cualquier cantidad que supere dicho umbral, aplicable por separado a cada administración.
Jorge Werner, socio de «Empezar de Nuevo» y abogado con más de quince años de experiencia en derecho concursal, subraya la necesidad de esta modificación, ya que anteriormente muchas personas finalizaban sus procedimientos sin deudas bancarias pero con el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) aún pendiente. Ahora, la deuda municipal se puede exonerar al igual que las deudas con Hacienda, beneficiando a numerosos municipios. El Ayuntamiento de Madrid, por ejemplo, ha mostrado disposición para proceder con la exoneración sin recusaciones.
A pesar de esta mejora, la exoneración no se concede automáticamente. Para beneficiarse, los deudores deben demostrar insolvencia, actuar de buena fe y no estar impedidos por ninguna de las exclusiones fijadas por la ley. En aquellos casos donde las deudas superan los límites permitidos, la parte no exonerada seguirá siendo exigible, sin que el juzgado ofrezca un plan de pagos para dicha porción, lo que implica que los deudores deben evaluar cuidadosamente sus deudas y los requerimientos legales para obtener un perdón completo.







