Ya hace mucho tiempo que los consumidores, papel que todos asumimos tarde o temprano, estábamos desprotegidos frente a prácticas abusivas en el fondo y en la forma, ya fuera por claúsulas manifiestamente ilegales y no negociadas o por prácticas contrarias al buen uso que las empresas deben dar a sus servicios. Lo más llamativo venía siendo el redondeo aplicado a servicios que llevaba a cobrarnos a cambio de nada, situación ésta que se producía en parkings o cabinas telefónicas.
Y por supuesto quién no ha padecido el surreallista proceso de dar de baja la línea de ADSL o teléfono enfrentándose a fríos e incansables contestadores automáticos.
Para remediarlo ayer se aprobó la ley que viene a proteger los intereses de los consumidores en numerosos puntos como son los mencionados y otros referidos a subrogación de hipotecas o hacer transparente el precio de los productos o servicios informado desde el primer momento de su coste total, eliminando aquello de tasas e impuestos no incluidos que tanto se estila en algunos sectores.
Aunque su adopción es inmediata salvo en los casos previstos en la ley para adaptarse a ella, caso de parkings o telefonía (que puede perder el 20% de sus beneficios al no poder cobrar un minuto completo cuando se ha llamado durante 1 segundo), cabe esperar que los «afectados» tomen medidas para paliar el indudable impacto que esta norma les va a causar. Por ejemplo, los aparcamientos suplirán la tarificación real subiendo los precios y puede que el establecimiento de llamada ayude a compensar la cuenta de resultados.
Que estén tranquilos en las asociaciones de consumidores que no se van a quedar sin trabajo.
Enlaces: Cinco Días.