La pobreza energética es aquella situación en que los consumidores destinan más del 10% de su renta familiar anual al suministro energético, incluyendo climatización invernal, iluminación, consumo de los aparatos de conservación y cocinado de alimentos, y calentamiento del agua sanitaria e higiénica.
Pues bien con el objetivo de paliar esta pobreza energética, el Partido Socialista Obrero Español, defenderá el martes ante el Pleno del Congreso la creación de una tarifa social asequible para el gas, el butano, el propano y la electricidad, así como prohibir a las comercializadoras que corten el suministro sin permiso de la Administración.
Esta tarifa social deberá estar vinculada a parámetros objetivos relacionados con la renta y el gasto energético de las familias, sin tener en cuenta la fluctuación de los precios de mercado. Se propone crear una tarifa social que se aplique a un determinado nivel de potencia o consumo «suficiente para cubrir las necesidades domésticas básicas».
Su cálculo deberá precisarse reglamentariamente y aprobarse trimestralmente a propuesta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Además, el Gobierno tendrá que fijar criterios objetivos para determinar qué empresas están obligadas a ofrecer esta tarifa social, y será también el que cargue con el coste de la diferencia de precios a través de los Presupuestos.
Por otra parte, también se propone la prohibición de cortes de suministro a las personas vulnerables en situación de pobreza energética, es decir, cuando no se superan unos umbrales de consumo y sean preceptores de pensiones mínimas o no contributivas, familias con todos sus miembros en paro y quienes tengan una renta familiar per cápita inferior al 75% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), derecho a percibir ayudas económicas públicas o sean familia numerosa.
Las empresas sólo podrán interrumpir el suministro transcurridos 6 meses desde el primer requerimiento de pago no satisfecho y previa autorización de la Administración competente, que en un principio será designada por las Comunidades Autónomas hasta que el reglamento se apruebe. No obstante, el hecho de que no se corte el suministro, no te exime de pagar la deuda con la empresa.
Los socialistas también reclaman una tregua invernal, de modo que nadie pueda quedarse sin calefacción en los meses de invierno, para lo cual se deberá publicar un calendario indicativo según la zona climática donde se ubique la vivienda.
