En un movimiento sin precedentes orientado a incrementar el control fiscal sobre los pagos electrónicos, la Agencia Tributaria comenzará a recibir datos detallados de las operaciones con tarjetas de crédito, débito o prepago. A partir del año 2026, se requerirá a las entidades bancarias informar sobre todos los movimientos realizados por titulares de tarjetas que en el año 2025 superen los 25.000 euros en gastos. Este sistema automatizado tiene como objetivo principal la detección temprana y la prevención de fraudes fiscales, así como la mejora en la trazabilidad de flujos de dinero que hasta la fecha podrían haber pasado inadvertidos.
Sin la necesidad de que los contribuyentes presenten una declaración adicional o proporcionen explicaciones previas, los bancos estarán obligados a enviar un resumen anual que no solo cubrirá el monto total gastado mediante tarjetas durante el año, sino también el número de transacciones, el tipo de establecimientos donde se realizan las compras y la información detallada del titular de la tarjeta. Esta medida abarcará tanto las compras realizadas en establecimientos físicos como en operaciones en línea, sin distinción entre tarjetas personales o de empresa.
El contexto de este nuevo requerimiento radica en la notable disminución de los pagos en efectivo y el correspondiente auge en el uso de tarjetas como medio principal de transacción para millones de personas. La Hacienda pública busca así adaptarse a los cambios en los hábitos de consumo y asegurar una mayor supervisión y control sobre los grandes volúmenes de gasto, los cuales podrían esconder actividades económicas no declaradas o incongruencias fiscales.
Se espera que la mayoría de los ciudadanos no se vean afectados por esta medida, dado que el umbral establecido excluye a aquellos cuyos gastos anuales a través de tarjetas sean inferiores a 25.000 euros. Sin embargo, personas autónomas, así como aquellos que realizan grandes adquisiciones o concentran numerosas operaciones en una sola tarjeta, podrían necesitar ejercer un control más riguroso sobre sus finanzas personales o empresariales. Este control detallado no solo facilitaría la justificación de los gastos ante posibles requerimientos fiscales, sino que también promovería una mayor transparencia en las operaciones económicas en general.
