El Gobierno español ha anunciado un importante cambio en el marco contable y de auditoría que afectará tanto a autónomos societarios, pymes como a empresas de mayor tamaño. Esta reforma, que se anticipa entre en vigor en 2025, ajustará los criterios de tamaño de las empresas para la presentación de información financiera, contabilidad, sostenibilidad y auditoría. La medida busca adaptar la normativa local a la Directiva Delegada (UE) 2023/2775, que incrementa en un 25% los umbrales europeos para reflejar el impacto de la inflación en los últimos años.
Los cambios propuestos implican una modificación de los límites que determinan el tamaño empresarial, influyendo en cómo las sociedades deben formular sus cuentas y qué obligaciones formales deben cumplir. Esta actualización afectará principalmente al total del activo, la cifra anual de negocios y el número medio de trabajadores, manteniéndose constante este último aspecto. Uno de los ajustes más significativos es el aumento de los límites para la formulación de cuentas anuales abreviadas, que ahora incluirá a sociedades con un activo que no supere los 7.500.000 euros, una cifra de negocios por debajo de los 15.000.000 euros, y una plantilla media de hasta 50 trabajadores.
Además, el Proyecto de Ley actualiza el artículo 263 de la Ley de Sociedades de Capital, elevando los umbrales para quedar exento de la obligación de auditar las cuentas anuales. Bajo la nueva normativa, no estarán obligadas a auditar aquellas sociedades que cumplan al menos dos de las siguientes condiciones durante dos ejercicios consecutivos: activo inferior a 3.565.000 euros, cifra de negocios menor a 7.125.000 euros y hasta 50 trabajadores.
Este proyecto también redefine lo que se considera como entidad pequeña y mediana, con nuevos criterios que se alinean con los umbrales establecidos para las cuentas abreviadas. Las entidades pequeñas deberán tener un activo hasta de 7.500.000 euros y una cifra de negocios de hasta 15.000.000 euros con no más de 50 empleados, mientras que las entidades medianas podrán tener hasta 25.000.000 euros de activo y 50.000.000 euros de cifra de negocios, con un límite de 250 trabajadores.
Estos cambios buscan aliviar la carga administrativa sobre las empresas que, debido únicamente a efectos de la inflación, habrían tenido que asumir obligaciones formales más complejas sin este ajuste. La normativa subraya la necesidad para empresas y asesores de revisar meticulosamente su situación contable y las obligaciones de auditoría de cara al cierre del ejercicio 2025, garantizando así el cumplimiento de la nueva ley una vez entre en vigor.
