En Sant Boi de Llobregat, Santa Coloma de Gramenet, Tiana y L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona), donde deberían levantarse lujosas viviendas, extensos aparcamientos y populosos locales sólo hay lotes sin desbrozar. En las oficinas de Lovipro, inmobiliaria, nadie contesta la única línea de teléfono. En su sitio web todavía se invita a realizar los sueños con una “orientación transparente”. El administrador de la compañía, Juan Antonio Barragán Sánchez, ha desaparecido dejando tras de sí una deuda de 40 millones de euros, compradores arruinados y 70 demandas de sus proveedores.
Los compradores defraudados se han acogido a la representación del despacho Roca & Asociados, que prepara querellas contra Barragán por “apropiación indebida, estafa y blanqueo de capitales”.
La huida del promotor inmobiliario viene a sumar una faceta dramática a la crisis inmobiliaria, y es un contrapunto curioso para las recientes declaraciones del titular de Economía, Pedro Solbes, sobre su resistencia a que el Estado intervenga en la crisis del sector. Una más de las historias que aún estamos por escuchar sobre una industria que no supo manejar y mantener su esplendor, y ahora sufre las consecuencias de los sobreprecios, la publicidad y los contratos engañosos, y los abusos como norma y ética de negocio.
