Luego de un sinfín de discusiones que parecían no llegar a ningún puerto establecido previamente, el Consejo de Ministros nacional ha informado sobre la próxima aprobación en pos de elevar de cinco a 10 años la prescripción del delito fiscal. De esta manera, se le permitirá a la Hacienda Pública cobrar los ingresos pendientes durante la tramitación de los procesos penales por estos delitos para evitar que se malvendan los bienes.

El decreto, relacionado con algunos de los casos más resonantes de los últimos tiempos, en los que distintos ocupantes de cargos políticos realizaban esta maniobra fraudulenta, aprovechando el hueco legal establecido para sacar provecho de sus posiciones públicas, y luego obtener ganancias económicas, evitará aunque no en todos los casos, sí muchos los mismos.

Hay que destacar de la misma manera, que esta nueva medida supondrá una modificación del Código Penal, la cual se produce mediante la tramitación de un Anteproyecto de Ley que será remitido al Consejo de Estado y al Consejo General del Poder Judicial para la emisión de los correspondientes informes, y que determinarían la aprobación final de la misma en un plazo no demasiado elevado, dado el consenso general que existe al respecto.

Tampoco se puede dejar de mencionar que mediante estas novedades, el Gobierno introduce también la inhabilitación de hasta diez años de los gestores públicos que falseen datos de las cuentas públicas, sin olvidar incluso que se aumentará el control del fraude laboral a la Seguridad Social.

De hecho, se tratan ambas medidas de algunos de los cambios legislativos más interesantes que serán incluidos en los próximos meses en la futura la Ley de Estabilidad Presupuestaria y la Ley de Transparencia, sobre la que se venía trabajando desde hace tiempo, y que ahora parece estar más cercana que nunca para convertirse en una realidad que pedía a gritos ser aplicada, especialmente en la pasada década.