Si hace algunos días informábamos que la Comunidad de Madrid había decidido, a partir del próximo 31 de agosto, quitar la tarjeta sanitaria a aquellas personas extranjeras que no contaran con sus papeles de residencia legal actualizados, ahora el Síndic de Greuges, el Defensor del Pueblo de Cataluña, ha afirmado que en su caso, se estudiará si es legal dejar a los inmigrantes irregulares sin tarjeta sanitaria tal como pretende el Gobierno nacional.

Según ha indicado Ribó, lo que se considerará en este caso está plenamente relacionado con los derechos humanos que podrían quedar lesionados en caso de que la medida sea aplicada, ya que consideran la misma “muy peliaguda”. Incluso, desde su postura, los recortes esperados en cuanto a la salud, han impulsado una sensación de desolación, basada especialmente en la desorientación de los propios profesionales y los mismos usuarios.

De la misma forma, la Generalitat de Cataluña tampoco ha querido dejar pasar por alto las críticas a los nuevos mínimos de cobertura que se prevén para quienes no tengan sus papeles de residencia legal al día, tal y como los plantea el último decreto del Ministerio, ya que según su postura, más allá del servicio de urgencia, tampoco se les debería negar acceso a otros aspectos básicos del servicio sanitario, como las vacunas, que hasta ahora eran incluidas en todos los programas.

Igualmente, Ribó se ha mostrado muy descontento por la última investigación realizada al centro de Extranjería de la Zona Franca de Barcelona, ya que sostuvo que en este caso, “no se pudieron tratar casos de situaciones concretas ni se pudo dialogar con los protagonistas”, por lo que de ninguna manera reflejan su punto de vista.

Además, el Defensor del Pueblo sostuvo, acerca de las quejas relacionadas con los servicios sociales que ha recibido el Síndic en el último año, que las mismas se han elevado hasta las 1.422, por lo que, a su parecer, “expresan una realidad social”.