En el día de ayer, el pleno del Congreso ha dado el visto bueno, y con mayoría absoluta, al proyecto de ley orgánica que buscaba modificar la ley general de estabilidad presupuestaria, con el objetivo de que el Estado pueda pagar a los proveedores de las comunidades autónomas. En líneas generales, el proyecto de ley aprobado consta de un artículo único que excluye del ámbito de aplicación de la ley de estabilidad presupuestaria los mecanismos de financiación habilitados hace algunas semanas.

Hay que recordar, que como se venía discutiendo desde hace algún tiempo, este cambio se antojaba más que necesario para que entre en vigencia la mencionada ley, que supone en su disposición adicional que el Estado no puede asumir ni responder de las deudas contraídas por las comunidades autónomas.

Esta era la razón entonces de que hasta el momento no se haya puesto en funcionamiento el plan de pago a los acreedores. Sin embargo, ya sorteado este obstáculo legal, siendo que el mismo afectaba igualmente sólo a las comunidades autónomas, y no a los ayuntamientos, se puede tomar garantía de que el Estado cumplirá con sus obligaciones pendientes de pago anteriores al 1 de enero de 2012, abonando las que pueda en este momento, y financiando las demás.

También en este sentido, no se puede dejar de lado que mediante la convalidación del Congreso la semana pasada, este nuevo plan de pagos establece un préstamo de unos 35.000 millones de euros a diez años, con dos de carencia y un tipo de interés cercano al 5 %, siendo que 20.000 de esos millones irán destinados a cubrir las deudas de los ayuntamientos y el resto para las comunidades, aunque los mismos deberán solventarse luego por sus propios medios de cara a los proveedores.

Finalmente, los ayuntamientos tienen un plazo limitado, que finaliza por estas horas, para enviar al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas las facturas pendientes, presentando además un plan de viabilidad, en las próximas dos semanas, para que las mismas puedan ser pagas.