Más allá de la idoneidad del momento que se elija para cambiar o suprimir en parte este sistema, sí podemos afirmar que hasta la fecha esta modalidad fiscal ha sido bastante beneficiosa para los empresarios no sólo en términos económicos sino también en cuanto a seguridad jurídico-fiscal y simplicidad de gestión. Pero se ha convertido en un cajón de sastre donde caben desde panaderías hasta pymes de transporte o del amplio sector de la construcción que rozan las magnitudes excluyentes. Demasiada disparidad.
Desde el punto de vista de la justicia impositiva no es muy adecuado un sistema que cierra los ojos ante la realidad de los ingresos y los gastos imputando rendimientos a menudo desajustados cuando quienes reciben percepciones salariales tienen éstas a la vista y transparentes.
Tampoco se justifica que simplemente la Administración quiera asegurarse una cantidad de ingresos vía impuestos casi fija cada año puesto que la fiscalidad debe ser lo más flexible posible, al alza o a la baja.
La alternativa proviene de extender el régimen de estimación directa introduciendo deducciones o aumentando las partidas deducibles dejando los módulos para casos muy específicos: el quiosco, la panadería o el cosetodo sin trabajadores asalariados o con uno ó dos.
Quizá se piense que otros sectores van a ser perjudicados por esta medida y muy posiblemente sea verdad pero habría que pararse a meditar que la estocada a los autónomos viene de parte de la nueva figura del autónomo dependiente y es que muchas empresas ya no quieren contratar con autónomos sino con sociedades mercantiles.
En todo caso y para aquellos que el sistema de módulos les ha ido muy bien, que les quiten lo «bailao».
