Según informó en las últimas horas el mismo ministro del Interior del Gobierno, Jorge Fernández Díaz, se están analizando todas las posibilidades legales existentes, a fin de que los exiliados por el terrorismo pertenecientes al País Vasco, quienes son calculados en unas 300.000 personas, en su mayoría amenazadas de muerte por la ETA, puedan votar en este territorio en un futuro no demasiado lejano.

Justamente, el ministro sostuvo en declaraciones a la prensa realizadas en medio del Congreso sobre Memoria y Convivencia organizado por el Gobierno Vasco, que “hasta que la izquierda abertzale no exija a ETA su disolución incondicional no puede pedir al Gobierno que le dé la más mínima credibilidad a su supuesta voluntad de perseguir objetivos políticos en las instituciones”.

Fernández Díaz, que aprovechó la ocasión para entrevistarse además con el consejero vasco de Interior, Rodolfo Ares, no dudó en hacer hincapié en su crítica a la izquierda, relacionada con el hecho de los que “pretenden ahora ondear la bandera de la paz aspiraban hasta hace poco a destruir las instituciones que ahora ansían ocupar. Todavía estamos esperando que le pida a ETA su disolución incondicional”.

El funcionario ha sostenido de la misma forma que “re-inserción individual en el ámbito de la ley es el que más se ajusta a la Constitución y a lo que quiere la inmensa mayoría de la sociedad española”. Incluso, ha agregado que el comunicado oficial lanzado el 20 de octubre del 2011, en razón del abandono de la violencia por parte de ETA significa que ha triunfado el Estado sobre de derecho sobre la barbarie terrorista. “Ha sido un triunfo colectivo, de todos los demócratas, aunque haya sido construido sobre el sufrimiento, que jamás olvidaremos, de más de 800 muertos y miles de heridos” explicó.

Finalmente, Ares también se ha sumado a las voces que exigen a la izquierda abertzale que pida la desaparición definitiva de ETA, como parte de su política de re-inserción para los presos que se alejen de la violencia y reconozcan el daño causado.