Según anunció por estas horas el ministro canadiense de Justicia, el Gobierno de este país tiene decidido que apelará la decisión judicial, mediante la cual se autoriza la existencia de burdeles y el vivir de los ingresos que genera la prostitución, hecho que justamente ha levantado una impresionante polémica en el territorio nacional en las últimas semanas.

En este sentido, Rob Nicholson, declaro ante el Parlamento local que “la prostitución daña a la sociedad porque explota a los canadienses más vulnerables, especialmente a las mujeres. Los canadienses pueden seguir contando con este gobierno para proteger a quienes son vulnerables a esta explotación”.

Justamente tras estas declaraciones, el propio Nicholson ha sostenido que su gobierno tiene pensado apelar la decisión que tomó la Corte de Apelaciones de Ontario ante la Suprema Corte para anular parte de la ley sobre prostitución, basado este tribunal en que tres mujeres de Toronto habían apelado la ley antiprostitución en el mes de octubre de 2009, aduciendo que prohibir su ejercicio ponía a las prostitutas en peligro, ya que les obligaba a movilizarse, en búsqueda de clientes, a barrios más inseguros.

En aquel momento, estas tres prostitutas pidieron a los jueces que dejasen sin efecto la ley que considera la prostitución un crimen en sí mismo, además de que autorizasen el derecho de abrir burdeles para brindar un entorno más seguro para las que ejercen el meretricio, y que de esa forma tampoco molesten a los vecinos que tuvieran que observarlas en la calle.

En aquel momento, el tribunal sostuvo que tenían razón en sus reclamos, al explicar que “el peligro que enfrentan las prostitutas gana sobre los daños que puede sufrir el público”, y aunque esta decisión había sido parcialmente confirmada en la apelación, si se decidió entonces que se mantenga la prohibición de comunicar en público las intenciones de prostitución, según determinó la Corte de Apelaciones.