aeat5.jpegEl aluvión de noticias relacionadas con la fiscalidad y Hacienda para este fín de año tiene difícil comparación con ejercicios anteriores pero en todas ellas se percibe la señal de que los recaudadores públicos se están infiltrando en todos los sectores para perseguir el fraude. Es evidente que es una de sus obligaciones pero no la única. Y tampoco se trata de que falte más rigor “privado” en muchos aspectos y que mejorando varios conceptos, no sólo la inspección sino también la gestión tributaria por ejemplo, se pueden obtener mayores recursos que todos deseamos tengan un buen fin.

Si ayer podíamos comprobar que las modificaciones normativas van a liberar más de un 4% mensual en retenciones a los que perciben nómina, hoy se destapa la iniciativa de Hacienda en conjunción con el Catastro de calcular el precio “real” de cada piso independientemente de lo escriturado. Y todos sabemos lo que eso significa y las repercusiones que tiene en impuestos de diferente índole (Transmisiones Patrimoniales, IRPF,…) así como para las inmobiliarias.

Lo que llama la atención es que el cómputo estima que el 85% de las escrituras no son de fiar por lo que se basarán en el 15% restante para determinar el “valor de mercado“. Aparte de la incongruencia de ver a funcionarios e instituciones públicas y a ordenadores estimando lo que el mercado debe decidir, existe la persistente obsesión de Hacienda, en particular, por desconfiar del ciudadano y por tanto no considerarle en términos de igualdad.

Hay quien piensa que se obtiene más seguridad jurídica de un juez en un caso de asesinato que si te persigue Hacienda. En el primer caso rige el principio de presunción de inocencia, para los segundos somos defraudadores en potencia. ¿Si cambiaran esta idea preconcebida no sería más efectivo y barato?.

Vía: cincodías.