inflacion.jpgEl dato adelantado del IPC que se ha hecho público respecto a la inflación correspondiente al mes de octubre ha traído muy malas noticias a la economía española con una previsión del 3,6%, cifra que variará muy poco respecto al definitivo que se sabrá a mediados de noviembre. Las consecuencias son negativas y de mucho calado, a la pérdida de poder adquisitivo de las familias se suma la continua pérdida de competitividad de las empresas, por no hablar del impacto en las cuentas públicas (vía incremento de las pensiones en unos 2.500 millones de euros) y en las privadas (vía revisión de convenios).

En la evolución de los precios se pueden clasificar los factores en tanto que procedan de la demanda de dinero y el consumo o bien del lado de la oferta de bienes y servicios. Cara a frenar la inflación se puede y debe incidir en ambas fuerzas y no en una sola. Afirmar que los tipos de interés deben aumentar es sólo ver una de las caras del problema que además no está en la mano de nuestras autoridades sino del BCE en función de la tasa de toda la Eurozona. Además debemos sumarle la incertidumbre y restricción del crédito que ya de por sí está “calmando” la tensión de la demanda.

Nos queda por ver, por tanto, las tensiones que provienen de la oferta, es decir, del comportamiento fundamental de los mercados. Se achaca este brusco crecimiento de los precios al petróleo y a los productos alimenticios que sabemos están subiendo con demasiada fuerza y por razones no aclaradas del todo. La conclusión fundamental es que los mercados no están funcionando óptimamente ya que ante cambios en los costes éstos se trasladan de inmediato al precio final si suben mientras que apenas se nota cuando bajan. Existe un grave problema de competencia e inflexibilidad en la entrada de las empresas a los diferentes segmentos del mercado.

Desde la introducción del euro, por lo menos, las entidades se han acostumbrado a que cualquier turbulencia suponga mayor precio, que pagan los consumidores, en lugar de trabajar con el objetivo de ser más competitivos vía precios precisamente. Para tomar estas decisiones no hace falta estudiar en el extranjero un MBA, lo hace cualquiera.

Bien es cierto que hay responsabilidad administrativa al no remover las dificultades para la creación de empresas y no meter mano en que haya competencia real y efectiva pero se supone que estamos en un entorno liberal y que las compañías y agentes económicos se regulan por sí mismos de la mejor manera posible. Pero esto no está funcionando así es que, de momento, a nosotros nos toca seguir siendo los paganini. Qué le vamos a hacer.