El Gobierno, entre una de las medidas que iba a controlar, era el hecho de la economía sumergida, es decir, de esos pagos que se realizan sin contrato ni nada parecido entre dos personas, una que realiza un trabajo (sin estar asegurado) y otra que hace el encargo.

De entre las medidas contra el fraude fiscal destaca limitar los pagos en efectivo a 2.500 euros, es decir, que no te podrán pagar más dinero, en mano, que ese máximo, en aquellas operaciones donde intervenga al menos una empresa profesional o autónomo bajo multas de hasta el 25% de las cantidades pagadas.

Esto se va a llevar a cabo con el objetivo de que el “dinero B o dinero negro” no se mueva, o sea más difícil deshacerse de él pero como ya sabes siempre hay alguna forma de librarse de todo y aquí no hay excepciones.

En conclusión, los autónomos tendrán que recibir una parte de su dinero, que no será superior a 2.500 euros, en efectivo pero, si el trabajo es mayor, tendrán que usar otro tipo de formas de pago como ingreso en cuenta, cheques, transferencias, etc. lo cual puede acarrear un gasto y hacer que también deba hacer frente a las comisiones bancarias perdiendo, aunque sea mínimo, una parte de su dinero (a la larga esa pérdida se acrecienta).

Que sea una buena o mala medida eso no lo sabrás hasta que lleve más tiempo y se puedan ver los primeros resultados pero estoy segura que para los autónomos no es algo de alegría porque ahora tendrán que depender de otros medios para cobrar sus facturas y si ya era difícil cuando era en efectivo, imagina con cheques, transferencias, etc.