solbes.jpegAunque hubiera algún que otro desconfiado que se creía que no iba a ser posible o que se disfrazaría para que quedase mitigado en el proceloso mar de la imposición, lo cierto es que el vicepresidente en funciones (con visos de continuar eso sí) acaba de confirmar que “lo de los 400 euros” se aprobará en el primer Consejo de Ministros del nuevo Gobierno, que tendrá efecto retroactivo a 1 de enero y que tendrá carácter permanente pues va ligado a las retenciones sobre las nóminas y, quizá, sobre el porcentaje de retención de los autónomos.

Desde luego no me parece mal porque aspiro a ser beneficiario de esta medida, asimismo desconozco el coste total pero en todo caso supone una reducción de los ingresos impositivos estatales. Ya he comentado alguna vez que, básicamente, el balance de las cuentas públicas depende en demasía de las retenciones y los pagos a cuenta de tal manera que, salvo la recaudación del IVA que tiende a ser neta, se proyecta una imagen algo distorsionada en cuanto a superávit o déficit pues no se da una especie de liquidación netamente considerada al final del ejercicio considerando las declaraciones que se realizan a posteriori respecto al período natural cerrado.

Quizá una medida de este tipo cambie en algo esos hábitos y que la Administración únicamente considere como propios los fondos efectivamente recaudados y no aquellos sobre los que pesa la duda. Una vez realizado este paso las autoridades podrían afrontar sus pagos de manera más inmediata y no tras demasiados meses esperando la recaudación de retenciones salvadora tal y como ocurre en Francia por ejemplo donde los pagos administrativos no pueden retrasarse más de un mes.

Conozco el caso de un empresario que tiene como cliente a una empresa cuya matriz es francesa y también a su correspondiente filial española, pues bien, la matriz paga antes de un mes mientras la española llega a los 90 días. Casi nada.

Otro campo para mejorar.