Desde las últimas horas, la Comunidad de Madrid exigirá poseer la residencia legal en España para emitir nuevas tarjetas sanitarias a extranjeros, mientras que se ha informado que las antiguas tarjetas concedidas a personas en situación irregular sólo serán válidas hasta el próximo día 31 de agosto, en un intento por poner algo de control a una situación que se veía desbordada hace tiempo.

En este sentido, hay que destacar las palabras del consejero madrileño de Sanidad, Javier Fernández-Lasquetty, justamente quien fue el encargado de confirmar ayer que la región ya aplica la reforma del Real Decreto Ley del Gobierno nacional, una decisión que él mismo considera “correcta y adecuada, aunque podemos asegurar que seguiremos garantizando la atención sanitaria en los casos de urgencias, partos y que tengan niños involucrados”.

“Ha habido una reforma acertada y necesaria conforme a la cual, a partir de su publicación, los extranjeros en situación irregular que soliciten la tarjeta sanitaria no lo van a poder hacer solamente con el empadronamiento”, explicó el propio Fernández-Lasquetty a la prensa local, al tiempo que sostuvo que la Comunidad respetará en todos los casos la vigencia de la antigua tarjeta hasta el plazo marcado del 31 de agosto.

El funcionario añadió posteriormente que esta modificación de la ley mediante el Real Decreto sólo tendrá afectación sobre “los extranjeros irregulares que pidan la tarjeta sanitaria ahora, cuando ya ha entrado en vigor la nueva norma del Gobierno nacional, que Madrid cumplirá porque es correcto y adecuado y porque es lo que hacen todos los países europeos y lo que hacía la propia España hasta 1999. Se ha vuelto a la situación anterior a ese año”.

“Hemos tenido un fenómeno importante de turismo sanitario. Nuestro sistema sanitario no está pensado para atender al mundo entero, sino a quienes forman parte de la sociedad española: los españoles y los extranjeros en situación regular” finalizó el consejero, al respecto de la gran cantidad de foráneos indocumentados que no aportan mediante sus impuestos pero que gozan de todos los derechos sanitarios que rigen en suelo nacional.