El tratamiento de los datos personales manejados por las empresas empieza a cobrar importancia, como no podría ser de otra forma, y algunas noticias contribuyen a poner el foco de atención en un aspecto al que no se le suele dar relevancia hasta que llega la Agencia de Protección de Datos y emite una multa cuyo importe no es nada despreciable.
Una empresa dejó abandonadas en plena calle 72 cartas que contenían datos personales y ha sido multada con 6.000 euros (a 83 euros la carta sale un poco caro la verdad) ya que nadie exterior al organigrama de la entidad debería poder tener acceso a información de ese tipo.
Este ejemplo real plantea en toda su extensión el dilema en torno al coste de oportunidad, no cumplir con las normas es potencialmente más caro que sí hacerlo por lo que los gastos que se generan en el cumplimiento, no sólo formal, de todo cuanto rodea la actividad empresarial deberían verse más como inversión que como gasto corriente. Al tiempo que un buen entramado de cumplimiento normativo proporciona valor añadido a la empresa. Después es tarde para lamentarse.
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