El sector energético en España está a punto de experimentar un cambio significativo con la entrada en vigor del Real Decreto Ley 8/2023 el próximo 28 de marzo. Esta nueva legislación prohibirá las ventas entre distribuidores al por menor, un movimiento que ha sido largamente celebrado por actores del sector, incluido el Grupo Moure, un holding con presencia notable en el sector energético. Según han indicado, este decreto marca «un antes y un después» en el mercado de los hidrocarburos, poniendo fin a años de irregularidades y prácticas fraudulentas.
Durante la última década, ciertas empresas energéticas han explotado las ventas entre minoristas para esquivar obligaciones sectoriales, generando un fraude sistemático. “Esta nueva norma cerrará la puerta al fraude que algunas compañías han perpetrado durante años, utilizando la venta a través de comercializadoras sin un marco normativo adecuado para el control y supervisión por parte de las Administraciones», afirma Manel Montero, director general de Grupo Moure. Esta práctica ha resultado en un entorno de competencia desleal y ha afectado directamente los precios finales para los consumidores.
Aunque ya en 2015 se intentó corregir esta situación mediante una modificación en la Ley de Carburantes por el gobierno del Partido Popular, los resultados no fueron los esperados. Lejos de reducir el fraude, la falta de control sobre la reventa de productos importados facilitó aún más las prácticas fraudulentas. Montero señala que la ausencia de obligaciones relacionadas con el mantenimiento de existencias de seguridad y los devengos mensuales ha permitido la proliferación de un negocio paralelo en la distribución, afectando negativamente a todo el sector.
Con la implementación del Real Decreto Ley 8/2023, se espera que estas prácticas sean mucho más difíciles de ejecutar, lo que debería traducirse en un mercado más justo y transparente para todos los actores involucrados. La nueva legislación apunta a reforzar la integridad del mercado de hidrocarburos en España, asegurando una competencia leal y protegiendo los intereses de los consumidores frente a fluctuaciones injustificadas de precios. Este paso adelante es un claro indicativo del compromiso del gobierno español con la regulación eficaz del sector energético y la lucha contra el fraude fiscal y la competencia desleal.