La problemática de la inquiokupación se ha convertido en un eje central del debate sobre vivienda, afectando a numerosos propietarios de inmuebles alquilados. Este fenómeno ocurre cuando un inquilino, tras firmar un contrato de arrendamiento, deja de pagar la renta y se sigue manteniendo en la propiedad mientras el propietario intenta recuperar su hogar. Este proceso puede suponer para los arrendadores un costo medio de 2.430 euros por expediente desde el primer impago, y una espera de aproximadamente 278 días para poder recuperar la vivienda.
Durante este periodo, los propietarios no solo ven reducidos sus ingresos por alquiler, sino que además deben enfrentar múltiples gastos asociados al inmueble, tales como la hipoteca, el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), las cuotas de la comunidad y los costos de mantenimiento. La situación se agrava si el inmueble sufre daños o si se acumulan deudas que no pueden recuperarse.
La Sociedad Española de Alquiler Garantizado (SEAG) ha señalado que el debate frecuentemente se centra en la terminología del fenómeno, equiparándolo a la ocupación ilegal y pasando por alto su verdadero impacto económico. Pedro Bretón, director de SEAG, argumenta que la normalización de este problema es una carga que no debería ser asumida por un propietario particular, quien de forma involuntaria se convierte en el financiador de un sistema que no ofrece soluciones rápidas. «La protección social debería ser responsabilidad de las administraciones, no puede ser que se mantenga a expensas de suspender los ingresos de una familia durante meses», declaró Bretón.
La entidad subraya que la inacción ante la inquiokupación no solo perjudica a los propietarios que sufren impagos, sino que también incrementa la percepción de riesgo. Esto podría llevar a los propietarios a exigir mayores garantías, implementar procesos de selección más estrictos o incluso a retirar sus viviendas del mercado.
Para abordar esta problemática, SEAG hace un llamado a la Administración a adoptar una perspectiva jurídica y económica que considere procedimientos más eficientes y medidas públicas para asistir a las familias vulnerables. «Es esencial proteger al arrendador frente al impago, al tiempo que se debe atender adecuadamente la vulnerabilidad social de manera complementaria, no exclusiva de una de las partes», concluyó Bretón.
